RESEÑA

RECUPERAR EL SIGLO PERDIDO DE CRECIMIENTO. HACIA ECONOMÍAS DE APRENDIZAJE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Por: Javier Gustavo Pérez Mendieta – Unidad de Investigación y Políticas Municipales

El análisis de las diferencias en la productividad y el ingreso de los países de diferentes regiones ha sido objeto de estudio y ha motivado reflexiones desde diferentes puntos de vista desde hace varias décadas, tratando de identificar sus causas, procesos comunes y diferencias. El documento “RECUPERAR EL SIGLO PERDIDO DE CRECIMIENTO. HACIA ECONOMÍAS DE APRENDIZAJE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” aborda este campo de investigación enfocado en el concepto de economías de aprendizaje y cómo su ausencia fue el factor principal del rezago de América Latina y el Caribe.

La publicación reseñada, por tanto, se cuestiona las causas de la diferencia en el ingreso y la productividad de América Latina en comparación con otras regiones del mundo, aún a pesar de haber tenido niveles similares de ingreso en algún momento. Con este objetivo, el documento parte de un diagnóstico de la situación, en el que observa que a mediados del siglo XIX América Latina y el Caribe se encontraban con niveles de ingreso similares a España, Japón y Suecia, pero un siglo más tarde, estos últimos países y otros del continente asiático tuvieron niveles de crecimiento acelerado, frente a los países latinoamericanos que tuvieron tasas bajas o al menos modestas de crecimiento, salvo periodos excepcionales.

De manera sintética, el siglo perdido de América Latina y el Caribe tiene su explicación en el hecho de que la región “no aprendió a aprender”, es decir, que no se constituyeron en economías de aprendizaje, generando un considerable rezago con economías emergentes de otras regiones.  En el primer capítulo los autores profundizan en la descripción del estado de situación, para posteriormente abordar el papel de las empresas (Capítulo 2) y las universidades (Capítulo 3) en la economía del aprendizaje. El Capítulo 4 aborda con detalle el concepto de economías experimentales, brindando elementos de análisis y algunas recomendaciones. Finalmente, en el Capítulo 5 se abordan orientaciones generales para llevar adelante un sistema nacional de innovación desde las funciones de los diferentes actores involucrados. 

El Capítulo 1 “El siglo perdido de América Latina y el Caribe” describe con detalle estudios e investigaciones que llevan a conclusiones sobre las características y condiciones del rezago latinoamericano en la adopción y aplicación de tecnología que se tradujeron, por tanto, en modestas tasas de crecimiento, productividad e ingreso.

Este capítulo incide en el hecho de que la productividad no depende en gran medida de la composición de la canasta productiva de un país, sino de la capacidad de las empresas y el acompañamiento de los gobiernos para identificar y aplicar tecnología adaptadas a su producción, en otras palabras, en su “capacidad de absorción”. En este marco, la debilidad estructural de América Latina y el Caribe radicó en que no llegó a aprovechar los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial por falta de preparación y capacidad, mientras que otros países llevaron adelante amplios programas de formación profesional durante décadas previas.

Este capítulo incide en el hecho de que las empresas requieren habilidades gerenciales como las capacidades ordinarias (producción eficiente y control de calidad), así como capacidades dinámicas (gestión y desarrollo de nuevos productos) para aprovechar las oportunidades tecnológicas.

El Capítulo 2 “Las empresas y la difusión y el uso productivo del conocimiento” utiliza información secundaria y encuestas a empresas, tanto para diagnosticar el estado de situación como para documentar casos de éxito en diversas áreas. De esta manera, identifica que el proceso de identificación de tecnologías, su adopción y aplicación puede encontrar tres tipos de brechas: “1) la identificación de una nueva idea u oportunidad a nivel nacional y la capacidad para acceder a ella (brecha de acceso a tecnologías de vanguardia); 2) la difusión entre empresas y sectores similares (brecha de adopción), y 3) la utilización incompleta dentro de las empresas (brecha de uso)” (Maloney, et al, 2025: 58).

En torno a la brecha de acceso, se sostiene que si bien los costos de la información se han reducido y la velocidad de circulación de la información se ha acelerado, la proporción de empresas que adoptan tecnología en la región es aún muy baja respecto a la proporción de empresas que la adoptan en países de ingreso alto. La brecha de adopción está relacionada con la mayor complejidad y costo de tecnologías sectoriales específicas. Finalmente, la brecha de uso es la que mayor reflexión ha concitado en el documento pues refleja la citada falta de capacidad y preparación del personal.

El capítulo, también, describe las características y condiciones de este proceso de identificación, adopción y uso de tecnologías, así como una comparación con otras economías que refleja al argumento central del libro relacionado con una falta de preparación y un entorno institucional complicado:

• “La capacidad para identificar, adoptar y utilizar tecnologías depende de tres tipos de factores principales: 1) el capital humano, tanto a nivel del gerente como de las habilidades técnicas de los trabajadores; 2) la calidad de las prácticas gerenciales y los sesgos de comportamiento conexos, y 3) el capital organizacional” (Maloney, et al, 2025: 67).
• “Los gerentes con mayor nivel de instrucción están mejor equipados para identificar el conocimiento y evaluar los riesgos, emplear a mejores trabajadores y adoptar e implementar las prácticas de gestión y las estructuras organizacionales necesarias para internalizar y utilizar el conocimiento complejo” (Maloney, et al, 2025: 67).
• “Casi la mitad de las empresas de América Latina y el Caribe declara tener dificultades para encontrar trabajadores capaces, en comparación con un tercio de las empresas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (Maloney, et al, 2025: 70).
• “La proporción de empleados y gerentes con título universitario se correlaciona con prácticas de gestión más avanzadas, especialmente entre las mejores empresas. El hecho de que el gerente haya estudiado en el extranjero tiene el mayor peso entre las mejores empresas” (Maloney, et al, 2025: 76).
• “En la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas también se pide a los gerentes que autoevalúen su nivel tecnológico en relación con sus pares, y se llega a la conclusión de que ese exceso de confianza puede ser una barrera importante para la adopción de tecnología” (Maloney, et al, 2025: 78).
• “Cuando se pregunta a los gerentes cuáles son los principales factores que impulsan la adopción de una tecnología, la mayoría menciona las presiones de la competencia como el factor más importante” (Maloney, et al, 2025: 89).
• “El riesgo y la incertidumbre también forman parte de las consideraciones de las empresas a la hora de adoptar tecnologías existentes. Tanto las empresas que las adoptan como las que no lo hacen informan en la encuesta pertinente que la falta de demanda futura o la incertidumbre sobre ella es el tercer obstáculo más importante, después de la falta de información, conocimiento o capacidad técnica, y el costo” (Maloney, et al, 2025: 94).

El capítulo cierra con una serie de recomendaciones sobre políticas que puede propiciar (promover) la innovación. La primera es la generación de estrategias de apoyo a la innovación de mediano y largo plazo coordinadas con actores empresariales privados, pero también con actores estatales de los diferentes niveles. En segundo lugar, se debe diseñar sistemas de innovación articulados con incentivos que mejoren la coordinación. En tercer lugar, las políticas deben identificar con precisión y abordar las principales fallas de mercado que están impidiendo la innovación.

A manera de una ruta crítica, los autores cierran el capítulo mencionando que “El mejor programa de cambios en las políticas para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe posiblemente constaría de los siguientes pasos: primero, fortalecer la calidad del conjunto de talentos y de los emprendedores, luego apoyar la entrada de empresas innovadoras y, finalmente, subvencionar a las empresas establecidas para realizar actividades de investigación y desarrollo” (Maloney, et al, 2025: 99).

El Capítulo 3 “La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje” aborda cuestiones fundamentales que deberían ser tratadas desde las universidades para aportar en el desarrollo de economías de aprendizaje. En principio, se describe un estado de situación que causa preocupación sobre los resultados que la enseñanza superior está generando en América Latina y el Caribe:

• “América Latina y el Caribe no solo no logra formar alumnos con el conjunto mínimo de habilidades, sino que tampoco produce estudiantes con las habilidades más complejas. En Argentina, Colombia y Panamá, menos del 0,5 % de los alumnos alcanzan el nivel más alto en matemáticas, y este porcentaje ni siquiera supera el 1 % en los países con mejor desempeño: Uruguay y Chile” (Maloney, et al, 2025: 124).
• “En la mediana de los países de América Latina y el Caribe, solo el 17 % de los graduados de educación superior obtienen un título en CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), proporción que ubica a esta región en el último lugar de la clasificación junto a África subsahariana. Si se centra la atención exclusivamente en los graduados en ciencias, la proporción en los países de América Latina y el Caribe es de apenas el 2 %, la más baja de todas las regiones” (Maloney, et al, 2025: 126).
• “Pese a que el número de egresados de maestrías de las universidades chilenas aumentó un 66 % entre 2007 y 2011, el 71 % de ellos se tituló en disciplinas de las ciencias sociales y no en campos relacionados con la estructura productiva o las necesidades estratégicas del país” (Maloney, et al, 2025: 126).
• “Entre los chilenos que cursan estudios avanzados en el extranjero con becas del Gobierno, el 49 % de los estudiantes de maestría y el 41 % de los de doctorado corresponden a áreas de las ciencias sociales” (Maloney, et al, 2025: 126).
• “En la región la investigación y el desarrollo no están orientados a resolver problemas locales específicos (como las infecciones por dengue o la enfermedad de Chagas). Esto se debe a que las universidades suelen premiar a los investigadores por el prestigio de sus publicaciones académicas, no por el impacto social de los resultados de sus investigaciones” (Maloney, et al, 2025: 133).
• “En América Latina y el Caribe el vínculo entre la educación superior y la industria es débil. Las empresas no consideran que las habilidades de los graduados universitarios sean pertinentes para sus necesidades: la empresa promedio de la mediana de los países de la región calificó dicha pertinencia con una puntuación de 4,4 sobre 7” (Maloney, et al, 2025: 135).
• “En América Latina y el Caribe, los docentes son recompensados principalmente por su historial de publicaciones, no por su interacción con la industria, que además suele estar mal vista en los círculos académicos. En ocasiones, existen obstáculos legales (a nivel nacional o institucional) que impiden que las universidades posean propiedad intelectual o participaciones en empresas derivadas” (Maloney, et al, 2025: 138).
• “En gran parte de la región, las personas que emigran tienen, en promedio, un nivel educativo más alto que las que permanecen en su país. La consiguiente fuga potencial de cerebros es particularmente significativa en países del Caribe como Barbados, Trinidad y Tabago y Jamaica, donde entre el 35 % y el 40 % de los emigrantes tienen un nivel educativo elevado” (Maloney, et al, 2025: 142).

Resulta importante, en este sentido, que las universidades se conecten con las empresas y los empleadores con el fin de evaluar la demanda de habilidades del mercado laboral para colaborar en el desarrollo de dichas habilidades y conocimiento. De manera puntual, los autores describen el rol que pueden jugar las universidades:

“Por su triple misión, la educación superior puede desempeñar un papel clave en la innovación. En primer lugar, puede desarrollar habilidades mediante la enseñanza que imparte a los estudiantes y la formación de los profesionales, gerentes y técnicos que adoptarán o producirán innovaciones. En segundo lugar, puede generar nuevo conocimiento —la base de la innovación— a través de la investigación. En tercer lugar, puede intercambiar conocimiento con la industria para innovar y desarrollar nuevos productos y métodos de producción” (Maloney, et al, 2025: 135).

A pesar de un panorama de articulación poco desarrollado, los autores describen algunos casos de interacción entre las universidades y las empresas como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de San Martín y la Universidad de Quilmes, en Argentina; la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil; la Universidad de Concepción, en Chile; la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander y el Sistema Universitario de Manizales, en Colombia, y la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Estos esfuerzos destacan por algunos elementos comunes:

“En primer lugar, las universidades tomaron la decisión estratégica de interactuar con la industria y establecieron este objetivo como prioridad clave —ya sea porque esta misión formaba parte de sus estatutos o porque la adoptaron deliberadamente— incluso antes de que se promulgara el marco legislativo nacional. En segundo lugar, se inclinaron por promover una combinación de investigación y emprendimientos —en lugar de solo investigación— en una parte de su cuerpo docente. En tercer lugar, proporcionaron la infraestructura física para proyectos conjuntos con la industria, especialmente para crear incubadoras. En cuarto lugar, están ubicadas en regiones geográficas con elevada capacidad productiva y tecnológica, donde es más probable que se produzcan interacciones con la industria y que estas tengan éxito.  Quinto, han experimentado con estructuras alternativas y han diseñado sus propias políticas sobre la base de esa experiencia” (Maloney, et al, 2025: 148).

Las recomendaciones realizadas a las instituciones de educación superior para fortalecer las economías de aprendizaje son las siguientes:

• “Centrarse en las habilidades y en los resultados que se espera lograr con la educación. (…) En primer lugar, estos sistemas deben lograr enseñar las habilidades básicas: un alumno que no sabe leer ni multiplicar no tiene posibilidades de alcanzar la frontera del conocimiento. En segundo lugar, los países necesitan sistemas de educación superior que estén estrechamente conectados con las empresas para poder desarrollar habilidades, producir investigaciones pertinentes e intercambiar conocimiento con la industria” (Maloney, et al, 2025: 151).
• “Generar una reserva con los mejores talentos. (…) El desarrollo debe comenzar mucho antes, en la educación primaria, para lo cual se debe identificar a los alumnos con un potencial inusual y brindarles oportunidades para desarrollar sus talentos, como la participación en clases avanzadas y actividades de enriquecimiento” (Maloney, et al, 2025: 154).
• “Orientar la educación a través de la información, el financiamiento y la regulación. (…) Para orientar el sistema educativo en la dirección descrita, pueden utilizarse tres herramientas de política. La primera consiste en recopilar información y mediciones sobre los resultados de los estudiantes, así como de la investigación y la innovación en las universidades. Si la sociedad —incluidos los padres— ve los magros resultados del aprendizaje en sus escuelas y en sus hijos, es más probable que exija un cambio. El segundo instrumento normativo es el financiamiento. En primer lugar, el financiamiento destinado al desarrollo de habilidades debe ser equitativo. El tercer instrumento normativo es la regulación. Si utilizan la primera herramienta —información y medición—, los responsables de la formulación de políticas pueden medir el desempeño del sistema educativo y establecer un mecanismo de rendición de cuentas basado en los resultados: en función de este desempeño, se pueden asignar fondos y tomar decisiones para abrir, ampliar o cerrar programas” (Maloney, et al, 2025: 155).
• “Promover la excelencia en la investigación y la interacción entre la universidad y la industria. (…) En lo que respecta al financiamiento de los investigadores, se aplican consideraciones similares. El financiamiento vitalicio de los investigadores (algo similar a otorgarles la titularidad) puede tener efectos perjudiciales en su motivación y su nivel de esfuerzo. Si se concede tal privilegio, debería limitarse a aquellos que hayan demostrado tener competencias superiores durante un período de tiempo razonable” (Maloney, et al, 2025: 158).
• “Formar asociaciones de investigación e intercambio de conocimiento. (…) En el mundo actual, es impensable que las universidades de los países en desarrollo lleven a cabo por su cuenta investigaciones ambiciosas y a gran escala, pero las asociaciones de investigación, con instituciones tanto nacionales como internacionales, pueden hacerlo posible” (Maloney, et al, 2025: 160).
• “Sacar provecho de los emigrados. (…) En cambio, pueden obtener mejores resultados si adoptan programas que busquen involucrar a sus emigrados talentosos en tareas específicas y bien definidas, como proporcionar orientación sobre proyectos académicos o empresariales del país, brindar tutorías a profesores y estudiantes, y contribuir al debate sobre las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación” (Maloney, et al, 2025: 163).

El Capítulo 4 “Nuevas empresas, nuevos sectores. Desarrollo de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad”, considerando que la actividad empresarial es fundamentalmente un proceso de experimentación y por tanto básicamente incierto, desde el ámbito empresarial es importante la identificación y apertura a nuevas oportunidades y gestionar el riesgo asumido, y por el lado gubernamental, generar un marco regulatorio que fomente la economía de aprendizaje, así como respaldar los esfuerzos empresariales.

Un primer asunto abordado es la reducción y gestión de costo de experimentación. Naturalmente, los riesgos actúan como un elemento disuasorio de la experimentación considerando los altos costos involucrados. Por ello, recomienda una serie de acciones y condiciones a tomar en cuenta:

• “Costo de la información. Para empezar, la experimentación requiere información sobre el posible arbitraje tecnológico o, en el caso de ideas nuevas en el mundo, una familiaridad cercana con el conocimiento existente conexo” (Maloney, et al, 2025: 198).
• “Conectividad.  Claramente, la conectividad y la capacidad de conectarse a través de periódicos, revistas electrónicas especializadas, conferencias en línea y otros medios reduce drásticamente los costos de obtener, al menos, un conocimiento superficial de dónde está la frontera tecnológica en relación con hace 30 años” (Maloney, et al, 2025: 198).
• “Cercanía a universidades. Es necesario comprender más profundamente estas tecnologías y tener la capacidad para gestionarlas; los mecanismos más especializados para encontrar y perfeccionar nuevas ideas se encuentran en las universidades que, históricamente, han sido facilitadoras del aprendizaje nacional” (Maloney, et al, 2025: 199).
• “Salir de la región para aprender. Aprender estando en el extranjero ha sido históricamente un vector esencial de transferencia, como ha sucedido con el espionaje de los estadounidenses coloniales en Gran Bretaña o el envío de estudiantes al extranjero por parte de Japón, especialmente al Reino Unido y Escocia, en el período Meiji” (Maloney, et al, 2025: 202).

A continuación, el capítulo aborda una serie de condiciones del entorno que dificultan y, a continuación, los que fomentan la actividad empresarial:

“Regulación excesiva. Una regulación excesiva puede actuar como barrera para la actividad empresarial cuando resulta engorrosa” (Maloney, et al, 2025: 205).

“Tributación elevada e ineficiente. Los países de América Latina y el Caribe tienen sistemas tributarios que van en contra de la competitividad global y desalientan la entrada en los mercados locales. Las tasas del impuesto a las sociedades superan las de Asia o Europa. Las tasas totales del impuesto sobre las utilidades representan un promedio del 47 % de las ganancias, lo que supera la tasa promedio de las naciones de la OCDE (40 %) y de todas las demás regiones excepto África” (Maloney, et al, 2025: 205).

“Distorsiones y captación de rentas. La mayoría de las personas talentosas prefieren optar por los mayores rendimientos de las actividades protegidas que iniciar actividades empresariales de riesgo. (…) Además, el 40 % de las empresas de América Latina y el Caribe indica que la corrupción obstaculiza significativamente sus operaciones diarias, mientras que un 20 % señala a los sistemas judiciales como una limitación importante; estos niveles son comparables con los de Oriente Medio y Norte de África y considerablemente superiores a los de otras regiones en desarrollo” (Maloney, et al, 2025: 208).

“Costos comerciales. El costo asociado con las regulaciones de exportación en América Latina y el Caribe es el más alto del mundo, con la excepción de África subsahariana (Archivo de Doing Business, 2020c). La búsqueda de acuerdos comerciales profundos y otras reformas transfronterizas podrían facilitar la integración internacional y aumentar la escala de las actividades” (Maloney, et al, 2025: 208).

“Mercados laborales que favorecen la innovación. En un trabajo reciente sobre por qué Europa se ubica por detrás de Estados Unidos en materia de emprendimientos tecnológicos se hace hincapié en que los costos de reestructuración frente a crisis imprevistas —que, en sí mismos, son el resultado de la rígida legislación sobre protección del empleo del continente— son 10 veces más altos en Europa, y esto tiene un impacto importante que limita las industrias tecnológicas” (Maloney, et al, 2025: 207).

 “Facilitar el financiamiento para las etapas iniciales y para hacer frente a riesgos. En términos más generales, el “acceso al financiamiento” y el “apoyo de los ecosistemas para el fortalecimiento de las capacidades” están intrínsecamente entrelazados” (Maloney, et al, 2025: 210).

“Sólidas organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial. El apoyo para fortalecer las capacidades y ayudar a los potenciales emprendedores de la región ha mejorado en las últimas décadas. En particular, en América Latina y el Caribe se ha ampliado el número de organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial (OAIE) que proporcionan financiamiento con ayuda complementaria (por ejemplo, capacitación, tutorías y establecimiento de redes)” (Maloney, et al, 2025: 216).

El Capítulo 5 “Orientaciones para crear economías de aprendizaje” desarrolla una serie de recomendaciones finales a todos los actores del sistema de innovación aprovechando la tecnología disponible:

“1. Para lograr el crecimiento en la región es necesario aplicar una estrategia dirigida a “aprender a aprender”, que permita identificar y aprovechar las oportunidades tecnológicas. El desarrollo es, fundamentalmente, un proceso de aprendizaje experimental sobre qué nuevas tecnologías o ideas permiten crear una empresa rentable o una nueva área de ventaja comparativa para el país. Se trata de una serie de apuestas informadas, con los riesgos concomitantes, para las que se requiere la capacidad de identificar nuevas tecnologías, evaluar su rentabilidad en relación con las alternativas ya existentes, financiarlas e implementarlas durante un largo período de gestación, así como gestionar el riesgo y el fracaso” (Maloney, et al, 2025: 236).

“2. La política industrial debe centrarse en el desarrollo de capacidades e instituciones que faciliten la identificación de conocimiento, su adopción y su uso. Esto plantea un doble desafío para los defensores de las políticas industriales. En primer lugar, los Gobiernos deben contar con la capacidad necesaria para identificar qué sectores podrían generar grandes externalidades positivas y deberían, por lo tanto, fomentarse. En segundo lugar, deben asegurarse de que se cuente con las capacidades tecnológicas y de gestión y las instituciones necesarias para facilitar el ingreso en el sector. En algunas economías avanzadas, una multitud de actores del sector privado cuenta con capacidad de experimentación, el mercado garantiza la salida de apuestas y empresas fallidas, y el Estado aplica incentivos para corregir las fallas del mercado” (Maloney, et al, 2025: 238).

“3. La región de América Latina y el Caribe debe participar activamente en la economía mundial del conocimiento. Crear vínculos en relación con la inversión extranjera directa (IED) o ingresar en nuevas industrias verdes. Las crecientes barreras que están surgiendo en las reglas del comercio mundial, así como la incertidumbre en torno a ellas, no hacen más que intensificar la necesidad de elevar la competitividad y, por lo tanto, de adoptar tecnologías y propiciar la invención conjunta con socios extranjeros (…) La apertura al comercio y a la IED constituye un remedio eficaz en ambos casos. También es necesario adoptar una mentalidad que considere el comercio y la IED no solo como una fuente de empleo o ingresos fiscales, sino, sobre todo, como una fuente de aprendizaje” (Maloney, et al, 2025: 239).

“4. El sistema de innovación debe concebirse de manera más amplia que en las economías avanzadas. La paradoja de la innovación —por qué, a pesar de los altos rendimientos previstos de la inversión en innovación, son tan pocas las empresas y los Gobiernos que le dan prioridad— sugiere la presencia de distorsiones y la ausencia de factores complementarios en el entorno, desde talento técnico de primera línea hasta emprendedores que puedan llevar ideas al mercado, pasando por trabajadores capaces de manejar tecnologías sofisticadas y sectores financieros lo suficientemente desarrollados como para distribuir el riesgo, distorsiones en el comercio o conductas anticompetitivas que reducen los retornos previstos de la inversión” (Maloney, et al, 2025: 241).

“5. La gestión del riesgo es una función fundamental del SNI (Sistema Nacional de Innovación). Debido al riesgo inherente a la inversión en tecnología y a su adopción (e incluso al crecimiento), la mitigación y la gestión del riesgo pasan a ocupar un lugar central. Los sistemas financieros son fundamentales para gestionar el riesgo. Profundizar los sectores financieros de la región es fundamental para financiar inversiones de cualquier tipo y distribuir el riesgo que enfrentan las empresas y explotaciones agropecuarias nuevas o ya establecidas. Para ello es necesario mejorar el entorno propicio, por ejemplo, contar con procedimientos más adecuados de resolución de controversias o casos de insolvencia” (Maloney, et al, 2025: 241).

“6. La competencia y las capacidades son complementarias. América Latina y el Caribe necesitan aumentar la competencia en muchos sectores. Tanto o más importante que la oferta de conocimiento tecnológico es su demanda entre las empresas. Sin la necesidad de competir, no existe un imperativo para innovar, y, sin ese imperativo, los incentivos a la innovación resultan ineficaces. Sin embargo, aumentar la competencia sin contar con empresas capaces de responder a ella conducirá a la contracción tanto de la innovación como de la producción. Por lo tanto, el fomento de la competencia y el fortalecimiento de las capacidades son políticas complementarias” (Maloney, et al, 2025: 243).

“7. No existe un atajo para desarrollar capacidades (capital humano) en todos los niveles. La posibilidad de aprovechar las oportunidades tecnológicas no surge por casualidad: requiere que haya personas con capacidades técnicas, profesionales, científicas, gerenciales y empresariales. Para los países de la región, corregir sus sistemas educativos ineficaces e ineficientes debería ser una prioridad de primer orden. Ningún país en la historia reciente ha logrado un crecimiento sostenido mostrando al mismo tiempo niveles de aprendizaje y rendimiento promedio tan bajos como los de los jóvenes de América Latina y el Caribe. (…) América Latina y el Caribe debe encontrar el equilibrio adecuado entre el gasto en educación básica y en educación superior.  El equilibrio adecuado entre la inversión en estos dos niveles educativos es un tema de debate, pero hasta la fecha el discurso quizás haya estado demasiado sesgado en favor del primero. Si bien es fundamental preparar a los trabajadores para la economía moderna con una educación primaria y capacitación adecuada, los empleos de alta calidad son creados por personas con habilidades profesionales avanzadas, a menudo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como con habilidades empresariales, que ponen en marcha empresas y las hacen crecer” (Maloney, et al, 2025: 244).

“8. Para crear economías de aprendizaje, es necesario desarrollar un Estado más capaz y eficiente. El desarrollo de capacidades de aprendizaje a nivel nacional no requiere necesariamente un Estado más grande o más intervencionista, sino más capaz. El Estado juega un papel importante en el SNI: interviene para subsanar fallas, supervisa y promueve los nexos entre instituciones ajenas al mercado, guía el proceso de desarrollo de la capacidad de aprendizaje a nivel nacional y, en países con más capacidades, hace su propia apuesta, como en el caso de la DARPA en Estados Unidos o la Fundación Chile. Generar políticas eficaces en estas áreas conlleva necesariamente un proceso experimental y a largo plazo que exige contar con un Estado idóneo, con autonomía para resistir las demandas de los grupos de presión y poner fin a las políticas o las inversiones que fracasan” (Maloney, et al, 2025: 246).

• “Comprender mejor los problemas locales que deben resolverse (…) Para entender por qué las empresas o los conglomerados no innovan más, a menudo es necesario realizar un análisis detallado y concienzudo de las condiciones locales. Algunos ejemplos son Guadalajara (México), donde los principales actores del ecosistema han unido fuerzas para entender por qué el emprendimiento de alta tecnología
  sigue siendo difícil de alcanzar, y Manizales (Colombia), que está trabajando con el Programa Regional de Aceleración de Emprendimiento del MIT (REAP) para comprender los obstáculos que impiden la dinamización de las empresas y el aumento de las exportaciones” (Maloney, et al, 2025: 248).
• “Hacer de la evaluación un proceso continuo y sistemático. El seguimiento necesario tras la experimentación con nuevas políticas garantiza una evaluación continua para asegurar el uso eficaz de los recursos públicos y el diseño óptimo de las iniciativas. En la etapa de diseño, idealmente, cada programa debería incluir un sistema de seguimiento y evaluación, así como un análisis de costos y beneficios, y algunas evaluaciones de impacto sólidas, para determinar si el programa logra sus objetivos previstos y a qué costo” (Maloney, et al, 2025: 248).
• “Lograr mayor eficacia en la implementación. Es fundamental fortalecer la capacidad para implementar los pasos necesarios de manera eficiente y confiable, y sin distorsiones generadas por la influencia de grupos de presión. Esto exige diseñar políticas que garanticen la transparencia pero que cuenten con el respaldo de las capacidades necesarias. El Estado también deber ser capaz de corregir el rumbo si las evaluaciones sugieren resultados decepcionantes” (Maloney, et al, 2025: 249).
• “Ser fríamente objetivo acerca de la capacidad del Gobierno para ejecutar iniciativas. Muchas iniciativas que, a primera vista, podrían parecer simples ejercicios de asignación presupuestaria o de creación de nuevas instituciones en realidad exigen contar con una serie de capacidades escasas para lograr impacto. Los Gobiernos no pueden reproducir el capital de riesgo simplemente asignando fondos, dado que las habilidades de gestión de capital de riesgo constituyen un elemento esencial” (Maloney, et al, 2025: 249).
• “Reducir y simplificar la dimensionalidad de las intervenciones. Esto puede implicar que, dada la capacidad de los Gobiernos locales, algunos programas que requieren la coordinación de múltiples subprogramas no sean viables. En algunos casos, las políticas que constituyen la segunda o tercera mejor opción, y que requieren menos capacidad y autonomía del Estado, pueden ser preferibles a la política ideal” (Maloney, et al, 2025: 250).
• “Garantizar la alineación de las soluciones con las necesidades del sector privado. Al recurrir más al sector privado también se garantiza una mayor probabilidad de eliminar los obstáculos a su crecimiento” (Maloney, et al, 2025: 250).
• “Buscar la focalización. Entre los ejemplos se encuentran las asociaciones entre mecanismos estatales de apoyo al capital de riesgo y empresas privadas de capital de riesgo; la sustitución de los subsidios generales a la investigación y el desarrollo por programas de donaciones de contrapartida que vinculen a investigadores universitarios con empresas viables, y el aprovechamiento de la información proveniente de programas introductorios de capacitación en gestión para identificar empresas prometedoras con potencial para llevar a cabo intervenciones
  más costosas y complejas” (McKenzie, 2021). (Maloney, et al, 2025: 251).
• “Incrementar la coherencia de las políticas en todo el SIN. En la práctica, para generar coherencia en todo el sistema se requiere que los organismos dedicados al desarrollo del sector privado, la promoción de las exportaciones, el avance de la investigación universitaria o la innovación tengan el mandato de trabajar juntos” (Maloney, et al, 2025: 252).

“9. Se necesita coherencia y previsibilidad política a lo largo del tiempo. Desarrollar economías de aprendizaje lleva tiempo, y esto es imposible si los objetivos de las políticas y las instituciones cambian radicalmente con cada nuevo ciclo político” (Maloney, et al, 2025: 252).

“10. La combinación de políticas adecuada depende del lugar en el que se encuentre el país en la escalera de progresión de las políticas. En La paradoja de la innovación se propone una “escalera de las capacidades”, según la cual las políticas dirigidas a respaldar la modernización de las empresas se implementan de acuerdo con el nivel de capacidad del sector privado, de los responsables de formular políticas y de las instituciones, y se intensifican paulatinamente conforme avanza el grado de sofisticación” (Maloney, et al, 2025: 253).

“11. Identificar puntos de partida para la reforma.  Formular estrategias nacionales que abarquen varias décadas para construir economías de aprendizaje. En las estrategias nacionales de planificación de muchos países se establece un enfoque estratégico a largo plazo, se promulgan reformas y se coordinan las actividades entre los ministerios para garantizar la coherencia y la continuidad a largo plazo de las políticas de innovación y productividad. Por lo tanto, la mayoría de los países de la región han adoptado consejos interministeriales como mecanismos de coordinación para corregir la fragmentación de políticas y recursos, a menudo con objetivos contradictorios entre ministerios” (Maloney, et al, 2025: 256).

• “Utilizar mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado para impulsar la agenda del aprendizaje. Las políticas para desarrollar economías de aprendizaje no pueden diseñarse con éxito sin la participación del sector privado, que es el que conoce más de cerca los obstáculos a la innovación y el crecimiento” (Maloney, et al, 2025: 257).
• “Establecer vínculos y compartir incentivos entre las instituciones existentes en el SIN. Maximizar estos vínculos, por ejemplo, creando programas conjuntos y consorcios con objetivos e incentivos comunes, en lugar de que las instituciones compitan entre sí por los recursos presupuestarios, puede conducir a una difusión más rápida de las reformas” (Maloney, et al, 2025: 258).
• “Recurrir a los Gobiernos subnacionales para poner a prueba programas exitosos y difundirlos. Las iniciativas subnacionales están más adaptadas que los Gobiernos nacionales o federales al contexto local y a la ausencia de mercados o a las fallas del mercado que deben resolverse, dado que dichos Gobiernos suelen estar ubicados a gran distancia en la capital” (Maloney, et al, 2025: 258).

El documento representa, en suma, un aporte valioso al conocimiento sobre el crecimiento económico y la productividad, no solo por contener un diagnóstico profundo sobre el tema explorando con profundidad sus causas por medio de información primaria y secundaria, sino también por aportar en recomendaciones puntuales a los tres actores involucrados: la empresas, las universidades y los gobiernos, en vistas a constituirse en economías de aprendizaje. Los aportes y argumentos principales de cada capítulo se describen a continuación.

Referencias bibliográficas

Maloney, William F.; Cirera, Xavier y Ferreyra, Maria Marta (2025). Recuperar el siglo perdido de crecimiento. Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Washington, DC. Banco Mundial. Doi:10.1596/978-1-4648-2251-3. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

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