EL COVID-19 Y SU PASO POR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA

Por: Patricia Isabel Jimenez Marini – Unidad de Investigación y Políticas Municipales

Es de conocimiento que, a nivel mundial, la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos adversos en diferentes ámbitos, principalmente el económico evidenciando a nivel mundial no solo las capacidades de los gobiernos, sino sus posibilidades de reacción ante un enemigo invisible y desconocido. En este escenario, Bolivia no quedó al margen asumiendo desafíos y enfrentando retos desconocidos.

Es así que paralelamente a enfrentar el reto del confinamiento, Bolivia rendía un examen no previsto y era el de impulsar la gestión pública con una serie de restricciones, con una normativa administrativa poco flexible que nunca consideró excepciones sanitarias.

A raíz del confinamiento y ante la incertidumbre de la finalización de la pandemia el país se ve obligado a adecuar su trabajo de la modalidad presencial a la virtual lo cual requería desde la habilitación de usuarios, conexión de los trabajadores desde sus equipos en casa, carencia de la firma digital para la realización de trabajos, el cumplimiento de horarios laborales, la falta de capacitación en el uso de tecnologías informáticas, el uso de modalidades de reuniones virtuales (antes utilizadas escasamente para fines académicos), entre otros, pero sin reglamentación que coadyuve a un seguimiento, control y evaluación del trabajo realizado.

Ahora bien, lo descrito en el párrafo anterior se refiere a lo que el sector público asumió para enfrentar la crisis y cumplir con el trabajo, pero ello habla de la parte logística asumida desde un escritorio que difiere totalmente de la situación que específicamente enfrentó el sector salud, sector que puso en evidencia que si bien la planificación en Bolivia se encuentra bien estructurada desde un punto de vista técnico, ha sido evidente que el nivel central, el nivel departamental y el nivel local demostraron que en los últimos años la planificación no fue de la mano de la ejecución de recursos y fue insuficiente porque develó la falta de ítems en salud, la falta de unidades de terapias intensivas (UTI), ambulancias, camas hospitalarias, insumos médicos y lo que fue peor aún la falta de oxígeno situación que alcanzó el peor de los extremos ya que se complicó por un tema político cuya insensibilidad de los manifestantes políticos llegó a bloquear las principales rutas del país, obstaculizando su paso a quienes más lo necesitaban en ese momento y cobrándole la vida a muchos. 

Otro aspecto que entorpeció la agilización de recursos fue el tema normativo en lo que respecta a donaciones, créditos, compra de bienes y servicios que imposibilitaron se agilicen la dotación de equipamiento e insumos de salud a tiempo. Por un tema de Responsabilidad por la Función Pública, que determina resultados de la acción u omisión y establece responsabilidad ejecutiva, penal, administrativa y civil, los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las normas básicas de bienes y servicios que exige el cumplimiento de innumerables pasos para la compra de bienes o servicios, lo que se traduce en trámites excesivamente burocráticos.

Es así que, mientras la pandemia estaba en su auge, por un lado se tenía empleados públicos trabajando sin una reglamentación laboral que controle su cumplimiento de horas, sus resultados, su productividad y por tanto su efectividad y por otra se tenía al sector más golpeado que ha sido el sector salud, ambos realizando gestión pública desde dos escenarios completamente diferentes.

Con una mirada hacia adelante es importante preguntarnos ¿Qué lecciones nos dejó  el Covid-19 y que aportó para mejorar la gestión pública en Bolivia?

• Necesidad de reformulación de la normativa administrativa debiendo la misma considerar EXCEPCIONES ante escenarios de crisis sanitaria, territorial, defensa, entre otros. En Bolivia se tiene la Ley Nº1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales (20/07/1990) que regula los sistemas de Administración y de Control de los Recursos del Estado y su relación con Planificación e Inversión Pública.
• Incremento de PRESUPUESTO para el sector salud (ítems, equipamiento e insumos)
• Obligatoriedad de elaboración de PLANES DE CONTINGENCIA
• El uso de la tecnología reduce la burocracia estatal por lo que urge la agilización de la FIRMA DIGITAL
• Mejora en el alcance, servicio y costo de INTERNET
• Actualización permanente y amigabilidad de las PLATAFORMAS institucionales
• Actualización permanente del EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO en las instituciones
• Modificación del REGLAMENTO DE PERSONAL de cada institución, debiendo considerar el mismo los mecanismos alternativos para la obtención de una baja temporal por salud. En Bolivia los empleados públicos dependen en su gran mayoría de la Caja Nacional de Salud instancia que por la carencia de personal obligó a funcionarios con COVID-19 a realizar filas de más de 12 horas para obtener su permiso médico para que sea considerado en su fuente laboral.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente una posición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.