La Paz, 25 de septiembre 2026.- Con el propósito de contribuir a una solución que permita enfrentar el impacto económico generado por el incremento del precio del diésel sin trasladar toda la carga a las familias bolivianas, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó este viernes al Gobierno Central un proyecto de Decreto Supremo con propuestas orientadas a redistribuir este impacto entre los distintos niveles del Estado.
La iniciativa fue remitida al presidente Rodrigo Paz mediante una misiva en la que el alcalde paceño plantea alternativas para aliviar la presión económica que enfrentan tanto los gobiernos subnacionales como la ciudadanía, en un contexto marcado por el incremento del costo de los combustibles y sus efectos sobre la economía familiar.
“Nosotros el día de hoy estamos presentando un proyecto de Decreto Supremo para que ese peso sea redistribuido, para que no se quede liberado el Gobierno nacional y todos los demás estemos afectados con la presión que esto significa”, explicó Dockweiler durante el lanzamiento de la aplicación SUBEN, en un encuentro con representantes del transporte urbano.
El burgomaestre destacó que la eliminación de la subvención al diésel genera un impacto directo en las finanzas municipales, particularmente en La Paz, donde el incremento del costo del combustible representa una presión adicional de entre 45 y 63 millones de bolivianos, considerando el funcionamiento de los buses Pumakatari, la maquinaria destinada a la prevención de riesgos, el mantenimiento urbano, el relleno sanitario, el recojo y traslado de residuos sólidos y otras operaciones municipales.
De este monto, aproximadamente 15 millones de bolivianos corresponden al funcionamiento de los buses Pumakatari, mientras que entre 45 y 48 millones de bolivianos adicionales estarían vinculados a las distintas tareas y servicios que requieren el uso permanente de maquinaria y combustible.
Ante esta situación, Dockweiler planteó que el Gobierno Central pueda establecer mecanismos de compensación para los gobiernos municipales, de manera que el incremento de los costos no termine trasladándose a los usuarios mediante aumentos de tarifas o mayores cargas económicas.
“Tenemos que el Gobierno Nacional nos escuche, pueda compensar los 15 millones que significan el Pumakatari, que también pueda compensar los 45 a 48 millones que necesitamos para todo el trabajo de mantenimiento y de tema de riesgos, recojo de basura, etc.”, sostuvo.
El alcalde explicó que una eventual compensación permitiría al Gobierno Municipal de La Paz mantener sus servicios sin necesidad de incrementar la tarifa del Pumakatari ni trasladar el impacto directamente a los usuarios del transporte público.
La autoridad municipal remarcó que la prioridad es evitar que las medidas económicas terminen profundizando las dificultades que atraviesan las familias paceñas, considerando que el incremento del combustible tiene efectos sobre el transporte y, de manera indirecta, sobre el costo de los productos y servicios.
“Imagínense ahorita que a él también se le ha subido el precio de la canasta familiar. Y a ustedes también, porque ustedes también tienen familias. Entonces se nos ha atrapado todo”, manifestó ante los representantes del transporte.
En ese marco, el alcalde de La Paz destacó que la propuesta presentada al Gobierno Central constituye una iniciativa de diálogo y coordinación entre niveles del Estado, orientada a encontrar soluciones que permitan preservar los servicios municipales y, al mismo tiempo, evitar que el impacto económico recaiga directamente sobre la población.
