La Paz, 10 de noviembre 2026.- La crisis económica que atraviesa el país y sus efectos sobre las finanzas municipales marcaron una posición de unidad entre los alcaldes de ciudades capitales, quienes, tras una reunión extraordinaria convocada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), acordaron asumir una agenda conjunta para exigir al Gobierno nacional medidas urgentes que garanticen la continuidad de obras y la prestación de servicios a la población.
El incremento del precio del diésel, la reducción de la capacidad financiera de los municipios y las crecientes dificultades para atender las demandas ciudadanas fueron los principales puntos de preocupación expresados por las autoridades ediles, que coincidieron en que atraviesan una situación económica crítica.
“Se ha acordado trabajar en unidad, porque ha habido un criterio homogéneo respecto a la situación que estamos atravesando los gobiernos municipales. Estamos en una situación bastante crítica”, afirmó el alcalde de La Paz, César Dockweiler, al informar sobre los resultados del encuentro. Asimismo, señaló que una de las principales determinaciones es exigir al Ejecutivo el cumplimiento de un Decreto Supremo comprometido meses atrás y cuya promulgación está pendiente.
La reunión se desarrolló en instalaciones de la Alcaldía de La Paz y contó con la participación presencial de seis alcaldes y otros tres de manera virtual. El Alto fue el gran ausente de la convocatoria. Sin embargo, la ausencia no impidió que las autoridades consolidaran un acta de conclusiones con cinco líneas de acción para fortalecer la posición del municipalismo boliviano.
Uno de los principales acuerdos apunta a construir un pacto vinculante para la redistribución de recursos, bajo la denominada Agenda 50-50, que plantea una distribución más justa y equitativa de los ingresos entre los diferentes niveles del Estado.
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, explicó que los municipios buscan participar activamente en la construcción de la futura ley de coparticipación tributaria, al considerar que las decisiones sobre la distribución de recursos deben incorporar la voz de los gobiernos locales.
En esa línea, las autoridades coincidieron en la necesidad de intervenir en el debate del anteproyecto de ley especial de coparticipación tributaria, mediante un proceso democrático y participativo que permita reconstruir el pacto fiscal y ampliar la capacidad financiera de los municipios.
Como parte de esta agenda, se estableció una hoja de ruta técnica que contempla siete productos concretos: definición de la masa coparticipable, normativa 50-50, cronograma de convergencia, reducción de cargas, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.
Otro de los planteamientos centrales está relacionado con la liberación de obligaciones financieras que actualmente recaen sobre los gobiernos municipales. Para ello, se priorizará la presentación de una ley modificatoria a la Ley 977, con el objetivo de que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el financiamiento del bono de discapacidad.
Asimismo, se planteó revisar la asignación del 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario técnico-jurídico de todas las cargas nacionales que actualmente son asumidas por los municipios, con el propósito de exigir su restitución progresiva al nivel central del Estado.
Sin embargo, la exigencia más inmediata tiene fecha definida. Los alcaldes dieron plazo hasta este viernes 13 de noviembre al Gobierno nacional para promulgar el Decreto Supremo comprometido, que debe establecer condiciones para garantizar la continuidad de las obras civiles en ejecución y la prestación de servicios municipales.
“Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este Decreto Supremo que permita la continuidad de obras civiles y de la prestación de servicios. Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad, su conclusión y algunas salvedades necesarias para el funcionamiento de todos nuestros municipios”, establece el documento suscrito por las autoridades.
La unidad municipalista busca ampliar la convocatoria
Más allá de los acuerdos alcanzados, el alcalde César Dockweiler anunció que la unidad municipalista tendrá continuidad con una nueva reunión prevista para el lunes de la próxima semana, a la que se pretende incorporar a otros gobiernos municipales del país.
La propuesta contempla desarrollar una jornada de trabajo técnico durante la mañana y convocar al Gobierno nacional por la tarde para instalar una mesa de diálogo directa, en la que las autoridades municipales puedan presentar sus demandas y propuestas.
La convocatoria también busca sumar a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) y a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), ampliando la representación del municipalismo nacional.
El mensaje que emerge del encuentro es la decisión de las autoridades locales de actuar de manera coordinada frente a las dificultades económicas que enfrentan sus municipios y de exigir una nueva relación financiera con el Estado, basada en una distribución de recursos acorde con las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
“El municipalismo de Bolivia se ha unido por Bolivia y por cada una de las ciudades y ciudadanos que componen nuestros municipios”, concluye el documento firmado por las autoridades ediles.
