La Paz 4 de noviembre 2026 .- En el marco de la Asamblea de la Paceñidad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz puso en conocimiento de los sectores y organizaciones representativas de la ciudad la situación financiera que atraviesa el municipio y las posibles consecuencias de la Ley de Alivio Tributario, que plantea la condonación de obligaciones tributarias pendientes.
El diagnóstico financiero presentado advierte que la Alcaldía enfrenta obligaciones superiores a Bs 1.100 millones y un déficit proyectado de Bs 450 millones para cubrir las necesidades operativas de la gestión. A esta situación se suman Bs 63 millones de costos adicionales derivados del incremento en el precio de los combustibles, además del encarecimiento de insumos, maquinaria y materiales necesarios para el funcionamiento municipal.
En este contexto, el municipio tiene identificados Bs 3.100 millones en obligaciones tributarias pendientes de pago, de los cuales proyecta recuperar Bs 2.100 millones durante los próximos tres años. Esta recaudación constituye una fuente fundamental para sostener la inversión pública y garantizar la ejecución de proyectos en beneficio de la ciudadanía.
El Ejecutivo Municipal expresó su preocupación por los efectos que podría generar una condonación generalizada de capital, intereses y multas, particularmente de obligaciones correspondientes al periodo 2014-2019. Advirtió que una medida de estas características, sin criterios técnicos de segmentación, podría beneficiar también a grandes deudores recurrentes y perjudicar a los contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones.
Asimismo, señaló que la medida pondría en riesgo la meta de recaudación de Bs 750 millones prevista para 2027, comprometiendo la planificación presupuestaria y la capacidad municipal de ejecutar proyectos de infraestructura y servicios.
La preocupación del Ejecutivo Municipal radica en que los recursos tributarios no son cifras abstractas: se traducen en obras, servicios y mejores condiciones de vida para la población.
Una reducción significativa de los ingresos municipales podría afectar proyectos como el plan La Paz sin Baches, que contempla la atención de aproximadamente 500.000 baches; el mantenimiento de puentes, túneles y distribuidores; y la sostenibilidad del servicio de transporte municipal PumaKatari.
También podría limitar las inversiones en infraestructura educativa, como tinglados, laboratorios y baños; el fortalecimiento de la red municipal de salud; el mejoramiento de mercados; así como los proyectos ambientales que contemplan la creación de 1.000 nuevos parques y la reforestación de un millón de árboles, además de las acciones de prevención de riesgos y modernización de la gestión de residuos sólidos.
El Ejecutivo también expuso observaciones jurídicas y competenciales a la norma, relacionadas con las atribuciones del órgano ejecutivo en materia de administración tributaria, planificación financiera y autonomía presupuestaria municipal.
Frente a esta situación, el Gobierno Municipal plantea que cualquier política de alivio tributario debe tener un enfoque social, técnico y responsable, priorizando a los pequeños propietarios, comerciantes y contribuyentes que atraviesan situaciones reales de vulnerabilidad.
Entre las alternativas se encuentran las facilidades de pago, incentivos para la regularización de obligaciones y mecanismos de apoyo focalizados, evitando que los beneficios se conviertan en un perdón indiscriminado de deudas.
Asimismo, se propone desarrollar el programa denominado “Deuda por Obra”, una alternativa que busca vincular la regularización de obligaciones tributarias con la ejecución o mejora de infraestructura comunitaria, como mercados, plazas y espacios barriales, siempre que exista viabilidad técnica y legal.
La posición del Ejecutivo Municipal es clara: La Paz necesita recuperar su capacidad financiera, fortalecer su autonomía y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios concretos para la población.
La Asamblea de la Paceñidad constituye un espacio fundamental para poner estos temas en debate, escuchar a los distintos sectores y construir una visión compartida sobre el futuro de la ciudad.
Porque cuidar los recursos de La Paz es también cuidar la vida de su gente.
