La Paz, 5 de octubre 2026.- El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) expresó su profunda preocupación por el estancamiento de más de 20 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción cometidos al interior de la institución edil, pese a que —varias de ellas cuentan con documentación, evidencias y elementos que ameritan una investigación.
El alcalde César Dockweiler cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía y advirtió que la falta de avances en estos procesos genera un preocupante escenario de impunidad y permite que personas denunciadas por presuntos actos irregulares continúen en libertad e, incluso, regresen a sus puestos de trabajo.
“Hemos presentado 20 denuncias penales al Ministerio Público y la respuesta pareciera ser la protección a los maleantes y no una investigación adecuada”, afirmó la autoridad municipal, al señalar que esta situación resulta especialmente grave cuando existen casos en los que, según la Alcaldía, los hechos fueron detectados en flagrancia.
Entre los casos mencionados por Dockweiler se encuentra el de una persona que habría sido sorprendida presuntamente comercializando licencias y permisos para actividades económicas, realizando cobros irregulares. Pese a los elementos presentados, el Ministerio Público habría dispuesto que el denunciado se defienda en libertad y, posteriormente, esta persona habría retornado a dependencias municipales.
“¿Qué hacemos nosotros con una persona que ha cometido actos delictivos y nos lo devuelven a las oficinas? ¿Que siga mintiendo? ¿Que le siga robando a la ciudad?”, cuestionó el Alcalde.
Dockweiler también se refirió a otros procesos que, a criterio del Gobierno Municipal, requieren una actuación diligente del Ministerio Público.
Entre ellos mencionó una denuncia relacionada con el presunto cobro de dinero a cambio de puestos de trabajo dentro del Gobierno Municipal, proceso que —según explicó— se habría originado en el entonces Viceministerio de Transparencia y posteriormente habría sido encontrado y remitido por la actual gestión municipal al Ministerio Público.
“Nosotros lo encontramos, lo hemos presentado al Ministerio Público y el proceso no prospera. Pareciera que hubiera una red de protección”, sostuvo.
Asimismo, denunció un presunto caso de nepotismo relacionado con la contratación del esposo de una exdirectora de la Dirección Jurídica en SAMAPA, entidad dependiente del Gobierno Municipal de La Paz. Según la autoridad, pese a la denuncia presentada, el caso no habría avanzado.
El Alcalde cuestionó además que, dentro de otro proceso, una de las personas inicialmente involucradas habría sido excluida de la investigación sin que exista una explicación suficiente para esa determinación.
Críticas también alcanzan a la justicia constitucional
Dockweiler denunció además una actuación que considera irregular por parte de la Sala Cuarta Constitucional, en un proceso iniciado contra el Gobierno Municipal de La Paz.
Según explicó, pese a que inicialmente no habría sido parte de la acción constitucional, fue posteriormente incorporado al proceso y se le habría ordenado realizar contrataciones sin seguir, a su criterio, el debido proceso, bajo advertencia de posibles responsabilidades penales.
La autoridad informó que estos hechos ya fueron denunciados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, y demandó que las instancias competentes investiguen lo ocurrido.
“No nos vamos a detener”
Dockweiler sostuvo que la actual gestión municipal continuará presentando y haciendo seguimiento a las denuncias por presuntos hechos de corrupción y aseguró que no retrocederá en las acciones destinadas a desarticular las estructuras irregulares que, según denunció, habrían operado dentro del Gobierno Municipal.
“No nos vamos a detener. A mí no me tiembla la mano. No me voy a detener hasta deshacer toda esa organización criminal”, enfatizó.
Finalmente, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que pondrá a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía la información correspondiente a las más de 20 denuncias penales, incluidos sus números de registro y los antecedentes de cada proceso, con el objetivo de transparentar las acciones emprendidas y exigir que las instancias competentes cumplan con su obligación de investigar.
